El Congreso del Estado de Jalisco aprobó por unanimidad la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven en el Espectro Autista, una legislación que sustituye la norma vigente desde 2018 y convierte la atención al autismo en una política pública permanente con derechos garantizados y obligaciones concretas para autoridades estatales y municipales.
La iniciativa —impulsada por las diputadas Mónica Magaña Mendoza y Gabriela Cárdenas Rodríguez, con respaldo del gobernador Pablo Lemus Navarro, el DIF Jalisco, especialistas y organizaciones civiles— fue aprobada el 9 de julio de 2026 tras un proceso de parlamento abierto y mesas de trabajo durante 2025 y 2026. Con ello, Jalisco se coloca entre los estados con el marco jurídico más amplio del país para el espectro autista, pasando de un modelo asistencial a uno basado en derechos humanos.
La nueva ley reconoce el autismo como parte de la diversidad humana y establece el derecho a diagnóstico oportuno, terapias, educación inclusiva, empleo con ajustes razonables, participación social, cultura, deporte y acceso a la justicia. Crea un Registro Estatal de Personas con Autismo para planear políticas públicas con información real, y obliga a un presupuesto anual específico, eliminando la dependencia de decisiones administrativas o cambios de gobierno.
Uno de los pilares es la Red de Centros Regionales de Atención al Autismo y Discapacidad Intelectual —primera en su tipo en México— que ya opera en Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tepatitlán, con nuevas aperturas confirmadas en Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. La ley garantiza recursos públicos permanentes para su funcionamiento.
📌 Por qué importa
Es la primera vez que una ley en Jalisco aborda el autismo desde un enfoque de derechos humanos y no meramente asistencial. Con presupuesto garantizado, registro estatal y una red de centros regionales, la legislación busca que el acceso a diagnóstico, terapias e inclusión educativa y laboral deje de depender de la voluntad política del momento y se convierta en una certeza jurídica para miles de familias.
🔮 Qué sigue
El gobierno estatal deberá reglamentar la ley y poner en operación plena el Registro Estatal. Se prevé la apertura de los centros regionales en Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta durante los próximos meses, así como campañas de sensibilización y capacitación para servidores públicos. Organizaciones civiles darán seguimiento a la asignación presupuestal para 2027.
📰 Fuentes consultadas
🕐 SANews — Resumen informativo diario · 28 de julio de 2026, 7:00 AM
