Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, la mayoría conservadora de la Corte Suprema ha respaldado una y otra vez a sus políticas que llevan los límites al extremo, permitiendo que entren en vigor de manera provisional mientras se resuelven los litigios en los tribunales inferiores.
Pero el miércoles, los jueces considerarán por primera vez si decirle “no” a Trump de manera definitiva.
Lo que está en juego es la legalidad de su política económica emblemática: el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles generalizados a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. El resultado del caso podría afectar de manera significativa a la economía mundial, a las empresas estadounidenses y a los consumidores.
Los expertos dicen que el caso es incierto y plantea consideraciones legales y políticas difíciles para los jueces, una tensión que se ve agravada por los esfuerzos de Trump de personalizar la disputa.
Trump había contemplado la posibilidad de asistir al debate de la Corte esta semana, y ha hablado en repetidas ocasiones sobre la importancia que tiene el caso para él. El domingo dijo que había decidido no acudir a la corte, pero destacó que, para él, lo que estaba en juego era monumental.
El caso “es uno de los más importantes de la historia del país”, escribió Trump en una publicación de Truth Social. “Si un presidente no fuera capaz de utilizar el poder de los aranceles rápida y ágilmente, estaríamos indefensos, lo que quizá llevaría incluso a la ruina de nuestra nación”.
Los observadores de la corte señalaron que los jueces estarían muy conscientes de que Trump consideraría una derrota legal como un golpe personal.
“Uno no puede evitar pensar que eso pesará sobre el proceso de toma de decisiones en este caso”, dijo Donald Verrilli Jr., quien fue procurador general durante el gobierno de Obama.
