El gobierno de México y sus homólogos de Brasil, Colombia y el Movimiento de Países no Alineados condenaron firmemente el ataque estadunidense a Venezuela, durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y advirtieron de severas consecuencias a la Carta que rige al organismo mundial y al multilateralismo en general si la comunidad internacional no aborda esta violación.
Sin embargo, después de un desfile de discursos de representantes de diversos países, la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, convocada a solicitud de Colombia, concluyó sin ninguna acción o resolutivo.
Impotencia ante acciones unilaterales
Así, la cita de este lunes ilustró tanto la importancia de este foro mundial, único donde todos los países miembros tienen derecho a la palabra, pero a la vez la impotencia de esta misma organización ante acciones de los países más poderosos, como Estados Unidos, que se atreven a emprender acciones militares unilaterales en clara violación a la Carta de la ONU.
“El gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero contra objetivos en el territorio de Venezuela en clara violación del artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas”, declaró el representante permanente de nuestro país ante la ONU, Héctor Vasconcelos, en su intervención.
“Estas acciones no deben permitirse, ya que constituyen un severo golpe a la Carta de Naciones Unidas y al multilateralismo”, advirtió.
Vasconcelos habló después de los 15 miembros actuales del Consejo de Seguridad, al afirmar que “hemos expuesto con claridad las graves e impredecibles consecuencias de la conducta irresponsable del gobierno de Estados Unidos para la estabilidad política, social y económica de América Latina y el Caribe, y en sentido general, para la paz y estabilidad internacionales”.
El veterano diplomático concluyó que “el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad y, sobre todo, la obligación de actuar de manera decisiva y sin dobles estándares ante violaciones graves a la carta y para restablecer la paz y la seguridad internacionales”.
Pero la estructura anacrónica del Consejo de Seguridad –la cual otorga a Estados Unidos y otros cuatro miembros permanentes el poder del veto sobre toda acción– garantiza que no actuará en este caso.
Estadunidenses, obligados a escuchar las críticas
No obstante, los representantes de Estados Unidos fueron obligados a escuchar la oposición y condena internacional a su acción bélica y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa expresadas por Venezuela, México, Brasil, Colombia, Cuba, China, Rusia y el representante en turno del Movimiento no Alineado con sus 120 países miembros (entre los cuales no está nuestra nación).
“El 3 de enero de 2026 constituye una fecha de profunda gravedad histórica, no sólo para Venezuela, sino para el sistema internacional en su conjunto”, explicó Samuel Moncada, el representante de Venezuela ante la ONU. “Ese día, la República Bolivariana fue objeto de un ataque armado e ilegítimo, carente de toda justificación jurídica por parte del gobierno de Estados Unidos”.
El embajador aseguró a la comunidad internacional que a pesar de estos ataques las instituciones del gobierno venezolano funcionan, el orden constitucional ha sido preservado y que el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio.
El diplomático venezolano expresó que “hoy no está en juego únicamente la soberanía del país bolivariano; también la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización mundial y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial”.
En calma, pero con fuerza, el embajador solicitó que la ONU “exija al gobierno de Estados Unidos el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela”. Esto, mientras ambos se encontraban unas 60 cuadras al sur de la sede de la ONU en un tribunal federal.
Moncada subrayó que se debe condenar el uso de la fuerza contra Venezuela, que se reafirme el principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la fuerza y que se adopten medidas orientadas a la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional.
