Sheinbaum prepara un plan B por si encalla su proyecto de reforma electoral
La presidenta planea dividir la iniciativa en etapas y primar la revocación de mandato en 2027 y la elección de jueces un año más tarde
Cuando el Partido Verde y el Partido del Trabajo confirmaron su rechazo a la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a su equipo sacar de la iniciativa dos temas cruciales: retrasar un año la elección judicial prevista para 2027 y adelantar la consulta de revocación de mandato para empatarla con las elecciones del próximo año. La iniciativa enviada el miércoles no contiene esos y otros asuntos estudiados por la comisión presidencial de reforma electoral, para evitar que el rechazo de los aliados de Morena frustre cambios que sí son viables políticamente.
Funcionarios que participaron en los trabajos de la comisión han confirmado a EL PAÍS que la decisión de la presidenta y los coordinadores parlamentarios fue dividir el proyecto en etapas: primero, la reforma constitucional que contiene los propósitos principales ya conocidos (reducir el financiamiento de los partidos, eliminar 32 senadurías de representación proporcional y quitarle a las dirigencias partidistas el control de las 200 diputaciones plurinominales). Segundo, el paquete de leyes secundarias para reglamentar esos cambios y, tercero, las reformas que permitan modificar el calendario electoral previsto actualmente.
Cuando el Partido Verde y el Partido del Trabajo confirmaron su rechazo a la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a su equipo sacar de la iniciativa dos temas cruciales: retrasar un año la elección judicial prevista para 2027 y adelantar la consulta de revocación de mandato para empatarla con las elecciones del próximo año. La iniciativa enviada el miércoles no contiene esos y otros asuntos estudiados por la comisión presidencial de reforma electoral, para evitar que el rechazo de los aliados de Morena frustre cambios que sí son viables políticamente.
Funcionarios que participaron en los trabajos de la comisión han confirmado a EL PAÍS que la decisión de la presidenta y los coordinadores parlamentarios fue dividir el proyecto en etapas: primero, la reforma constitucional que contiene los propósitos principales ya conocidos (reducir el financiamiento de los partidos, eliminar 32 senadurías de representación proporcional y quitarle a las dirigencias partidistas el control de las 200 diputaciones plurinominales). Segundo, el paquete de leyes secundarias para reglamentar esos cambios y, tercero, las reformas que permitan modificar el calendario electoral previsto actualmente.
