En un giro de 180 grados que profundiza la crisis política en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya presentó este sábado una solicitud de licencia indefinida ante el Congreso estatal, apenas 24 horas después de haber anunciado su regreso triunfal al cargo tras 112 días de ausencia. El viernes, Rocha Moya había declarado que retomaba funciones «con la frente limpia y en alto»; el sábado, envió un oficio fechado en Culiacán pidiendo licencia por más de 30 días. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con un mensaje contundente: «Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación». Los gobernadores de la 4T cerraron filas con Sheinbaum y llamaron a Rocha Moya a actuar con «madurez y responsabilidad». El Congreso de Sinaloa fue citado a sesión extraordinaria este domingo para tramitar la nueva licencia.
El caso Rocha Moya no es solo la crónica de un gobernador acorralado por señalamientos de narcotráfico del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Es una prueba de fuego para el proyecto de la Cuarta Transformación: ¿prevalecerá la institucionalidad o las ambiciones personales? La oposición —Kenia López Rabadán desde el PAN, Movimiento Ciudadano— ya ha planteado la desaparición de poderes en Sinaloa. El desenlace definirá los límites del poder en Morena y la relación entre el gobierno federal y los estados.
El Congreso de Sinaloa decidirá si aprueba la licencia y nombra un interino. Sheinbaum adelantó que abordará el tema a fondo en su conferencia matutina del lunes 24 de agosto. La FGR, mientras tanto, mantiene abierta la investigación contra el exgobernador.
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Actualizado: 23 de agosto de 2026, 07:00 AM
